CAMPECHE, CAMP. La noche cae sobre la costa de Payucán, pero ya no es igual. Donde antes las tortugas marinas encontraban un lugar seguro para desovar, hoy topan con algo frío, duro e inerte: cemento bajo las palapas. El campamento tortuguero de Seybaplaya está en alerta.
Su encargado, Luis Góngora Domínguez, lo advierte con preocupación: el crecimiento desordenado de estructuras en la playa está ahuyentando a las tortugas. Y con ellas, la esperanza de preservar una especie que cada año lucha por sobrevivir.
“No hay manera de que pongan huevos si no hay arena”, dice Góngora. Muchas de estas palapas, construidas sin estudios de impacto ambiental ni permisos adecuados, están sellando la playa con concreto. Las tortugas llegan, sí, pero no encuentran dónde cavar.
Las que logran hacerlo en los pocos espacios libres, a veces ponen huevos debajo de las palapas. Ahí, los voluntarios aún pueden intervenir, reubicar los nidos y protegerlos. Pero cuando hay cemento, no hay nada que reubicar: la tortuga simplemente se va.
BATALLA SILENCIOSA BAJO LA LUNA
Luis y su equipo siguen protocolos estrictos. No pueden intervenir directamente con las tortugas mientras están en proceso de anidación, solo observarlas desde cierta distancia. Si una queda atorada o en riesgo, entonces sí, pueden actuar para salvarla. Pero cada noche, al verlas marcharse sin desovar, sienten que pierden algo más que un huevo: pierden parte del equilibrio natural.
“No es solo un animal el que se va… es toda una cadena de vida la que se interrumpe”, reflexiona. La temporada de anidación no perdona errores humanos, y cada espacio invadido por concreto representa una generación que no nacerá.
Lo más grave, asegura, es que muchas de estas construcciones han sido levantadas sin ningún estudio ambiental. Se colocan palapas con bases de cemento —incluso sobre zonas ya identificadas como puntos de desove—, sin respeto a los procesos naturales que ocurren cada año.
Para quienes trabajan en la conservación, esto no es solo una irresponsabilidad: es una amenaza directa. El campamento Seybaplaya no tiene poder legal para detener las construcciones, pero sí alza la voz. La comunidad ambientalista local ha documentado el problema durante años, sin que hasta ahora se tomen medidas contundentes.
