CAMPECHE. – La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ha dado un paso contundente al declarar que procede el desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador plurinominal, abriendo la puerta para que enfrente la justicia por múltiples delitos cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019).
La decisión, impulsada por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, marca un parteaguas en la exigencia de millones de mexicanos que, hartos de la impunidad, demandan que Moreno rinda cuentas por un historial de acusaciones que van desde enriquecimiento ilícito hasta desvío de recursos y presuntos vínculos con actos de represión.
El expediente contra “Alito” no es nuevo, pero sí abrumador. Desde 2022, la Fiscalía General del Estado de Campeche, encabezada por el gobierno de Layda Sansores, ha documentado irregularidades que apuntan a un esquema sistemático de corrupción durante su administración.
Entre los delitos que se le imputan están el enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, evasión fiscal y desvío de recursos públicos por cifras que, según reportes, ascienden a cerca de 3,940 millones de pesos.
Uno de los casos más escandalosos es la adquisición de una franja de playa en Champotón, Campeche, por solo 33 centavos el metro cuadrado, cuando el valor real en la zona oscila entre 1,250 y 1,500 pesos. Este terreno de 300 hectáreas, valuado hoy en 450 millones de pesos, fue obtenido mediante una concesión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2016, cuando Moreno ya era gobernador.
Otro señalamiento que pesa sobre “Alito” es la posesión de una mansión de lujo en Lomas del Castillo, Campeche, valuada en 300 millones de pesos, con extravagancias como una cantina montada sobre un Cadillac antiguo y autos de alta gama, incluido un Lamborghini de 12 millones de pesos.
Según investigaciones, el valor declarado por Moreno para esta propiedad (9 millones de pesos) contrasta sospechosamente con su valuación real, lo que refuerza las acusaciones de recursos de procedencia ilícita. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha denunciado penalmente al líder priista ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío de cerca de 3,000 millones de pesos durante su gestión, una cifra que evidencia el presunto saqueo al erario campechano.
Pero las acusaciones no se limitan al ámbito financiero. Moreno también ha sido señalado por actos de represión y hostigamiento.
En 2022, la periodista campechana Lilia Balam denunció haber sido torturada y encarcelada por investigar las irregularidades del entonces gobernador, un caso que ha sido retomado por activistas y medios como evidencia de su autoritarismo.
Asimismo, se le acusa de haber comprado hasta cinco medios de comunicación en Campeche para silenciar a la prensa independiente, mientras hostigaba a los pocos que se resistían a su control. Incluso se le ha vinculado con el envenenamiento de más de 40 perros callejeros, un caso que, aunque menor en comparación, refleja la insensibilidad de su gestión.
Frente a este cúmulo de señalamientos, Moreno ha optado por la estrategia clásica de los políticos mexicanos acorralados: declararse víctima de una persecución política. En medios y redes sociales, “Alito” insiste en que las acusaciones son un ataque orquestado por la Cuarta Transformación para debilitar al PRI y su liderazgo.
