CDMX – La sentencia emitida por la jueza Lisa Walsh en Florida contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, ha sacudido el panorama político. Ambos fueron condenados a pagar al gobierno de México la suma de 2,488,855,216 dólares por un esquema de defraudación millonaria que operó durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Según Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este caso no solo expone la corrupción de García Luna, sino también la complicidad de un sistema político que permitió su impunidad, con un señalamiento directo al expresidente Peña Nieto por su inacción ante estas redes ilícitas.
“Estamos frente a un esquema de defraudación millonaria que operó durante dos sexenios sucesivos y que dio continuidad al Estado corrupto que viene desde los años 50”, afirmó Gómez en la conferencia matutina. El funcionario destacó que el caso revela “una trama corrupta, como muchas otras que quedaron ocultas”, y que parte de los recursos defraudados se destinó a financiar campañas políticas, un aspecto que la UIF está decidida a demostrar.
Cabe recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Genaro García Luna, a través de empresas vinculadas a su red de corrupción, vendió equipos de espionaje a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), según documentos oficiales y denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Estas transacciones, que incluyeron tecnología de seguridad y vigilancia por millones de dólares, se realizaron bajo contratos cuestionados por su opacidad y presunto sobreprecio, facilitados por la falta de controles efectivos y la aparente complacencia de las autoridades de la época, lo que permitió que las operaciones ilícitas de García Luna prosperaran sin restricciones.
En noviembre de 2013, Genaro García Luna empleó un esquema similar para canalizar recursos a través de Nunvav Inc., una empresa de la que era beneficiario final, según revelaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Bajo el pretexto de proporcionar mantenimiento a equipos de espionaje, esta compañía fue contratada por la Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, para garantizar la capacidad de intervenir comunicaciones privadas, tanto de telefonía fija como móvil, en un contexto de cuestionada transparencia que permitió a las redes de García Luna operar con impunidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
ESQUEMA TRANSNACIONAL DE LAVADO DE DINERO
La UIF ha documentado cómo empresas vinculadas a García Luna, como las del Grupo Weinberg, operaban un sofisticado esquema de lavado de dinero. Estas compañías cobraban recursos en México, presuntamente provenientes de actividades ilícitas, y los trasladaban a paraísos fiscales como Barbados e Israel.
Posteriormente, parte de esos fondos regresaba al país para pagar a cómplices dentro de la red. Gómez señaló que 15 empresas están bajo investigación por su participación, de primer o segundo nivel, en este esquema, que manejó al menos 100 millones de dólares.
“Estas operaciones se hicieron sin el menor temor de que alguna autoridad los reprimiera o hiciera justicia”, denunció Gómez, quien criticó la opacidad de Barbados, donde “bancos lavadores de dinero” facilitaron estas transacciones.
A pesar de la negativa de la UIF de Barbados a colaborar, las investigaciones han avanzado gracias a la cooperación con Estados Unidos, donde próximamente se emitirán nuevas sentencias contra las empresas involucradas.
SOMBRA DE PEÑA NIETO
El caso de García Luna pone en el centro del huracán al expresidente Enrique Peña Nieto, cuya administración ha sido señalada por permitir la operación impune de estas redes de corrupción.
Durante su sexenio, la falta de controles efectivos y la aparente complacencia de las autoridades facilitaron que las empresas de García Luna, como Nunvav Inc., obtuvieran contratos millonarios con dependencias como la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Estos contratos, por un total de 727 millones de dólares y 528 millones de pesos, habrían servido como fachada para el lavado de dinero.
