CDMX- Las remesas, ese flujo vital que sostiene a millones de familias mexicanas, están bajo amenaza. Una propuesta del Partido Republicano en Estados Unidos busca imponer un impuesto del 5 por ciento a estas transferencias, desatando una reacción contundente del gobierno de México, que la califica de discriminatoria, ilegal y contraria a tratados internacionales.
En un contexto donde las remesas alcanzaron los 64 mil 700 millones de dólares en 2024 — equivalentes al 3.5 por ciento del PIB nacional—, la medida representa un riesgo económico y social de gran magnitud.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, fue claro al advertir que este impuesto constituiría una doble tributación, violando el convenio bilateral entre México y Estados Unidos vigente desde 1994 para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. “Implicaría incumplir un tratado, iría contra las prácticas internacionales y podría ser impugnable.
Los trabajadores sujetos a este tributo podrían demandarlo y lograr que se declare nulo”, afirmó Amador en una rueda de prensa reciente.
El titular de Hacienda subrayó la importancia de las remesas para la economía mexicana, destacando que representan un ingreso crucial para estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México, donde constituyen hasta el 20 por ciento del ingreso familiar.
Con un promedio de 393 dólares por operación, el 97 por ciento de estos recursos proviene de connacionales en estados como California, Texas y Colorado, quienes ya enfrentan una carga fiscal de entre 10 por ciento y 37 por ciento en Estados Unidos. Un nuevo gravamen, según Amador, no solo sería injusto, sino que golpearía directamente la renta disponible de los migrantes, reduciendo su capacidad de apoyar a sus familias en México.
MEDIDA RECAUDATORIA CON TINTES DISCRIMINATORIOS
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, detalló que la propuesta forma parte del proyecto de presupuesto estadounidense y está siendo revisada por el Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes.
Este comité se reunirá hoy, 16 de mayo, para presentar la iniciativa al Comité de Presupuesto, un paso crítico antes de que el proyecto avance al pleno de la Cámara y, eventualmente, al Senado.
De la Fuente explicó que el impuesto se aplicaría a todos los países, pero eximiría a personas con nacionalidad o residencia estadounidense, lo que lo convierte en una medida inherentemente discriminatoria.
“No es solo una cuestión recaudatoria, es un trato desigual que afecta desproporcionadamente a nuestros connacionales”, señaló.
El secretario destacó que México está preparando una defensa integral, tanto en el ámbito legal como diplomático, para contrarrestar la iniciativa.
Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), profundizó en las implicaciones legales de la propuesta.
Según Velasco, gravar las remesas violaría directamente el tratado de 1994, que establece que los ingresos no pueden ser gravados de manera duplicada en ambos países. “Este impuesto recaería sobre ingresos que ya fueron fiscalizados en Estados Unidos, lo que lo hace no solo ilegal bajo el tratado, sino también potencialmente inconstitucional bajo las leyes estadounidenses”, afirmó.
Velasco advirtió que, de aprobarse, la medida podría desencadenar una ola de impugnaciones legales por parte de los migrantes afectados, además de tensar las relaciones bilaterales.
DIPLOMACIA Y MOVILIZACIÓN
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha tomado un papel activo en la respuesta a esta crisis. En un mensaje reciente, anunció que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se reunirá con colectivos de migrantes para coordinar acciones y visibilizar el impacto de la propuesta.
