CDMX La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, anunció una ofensiva contundente contra funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Están presuntamente involucrados en casos de huachicol fiscal, con especial atención en la aduana de Tuxpan, Veracruz.
En conferencia de prensa, Buenrostro subrayó que la instrucción de la presidenta es clara: “cerotolerancia contra la corrupción”.
“Nosotros no vamos a dejar nada. La instrucción es ir con todo y darle seguimiento. El huachicol es un tema prioritario por su alto impacto económico y en la seguridad nacional”, afirmó la secretaria.
Destacó que atender las denuncias relacionadas con este delito es un compromiso ineludible de la dependencia.
El anuncio se da tras los resultados de la auditoría AU-47/2025, realizada por Pemex al Despacho Aduanal de mercancías de importación y exportación de la empresa y sus filiales.
Dicha auditoría detectó indicios de participación de funcionarios en la cadena del delito conocido como huachicoleo fiscal, un esquema que implica la manipulación de registros aduanales para evadir impuestos o facilitar el contrabando de combustibles.
Buenrostro aclaró que, aunque la auditoría fue realizada por Pemex, los hallazgos han sido remitidos a la Unidad de Responsabilidades, dependiente de la Secretaría Anticorrupción. Esta unidad iniciará una investigación para determinar posibles sanciones administrativas o penales contra los implicados.
“Cuando el auditor encuentra irregularidades, avisa a la Unidad de Responsabilidades. Ahí comienza la segunda etapa, la investigación de los presuntos delitos”, explicó. La secretaria admitió no contar con detalles precisos sobre el avance del proceso, pero aseguró que su dependencia dará seguimiento riguroso.
“En algún momento, cuando el proceso esté más avanzado, pasará a nosotros para iniciar la investigación. No sé en qué etapa va, pero no lo soltaremos”, sentenció.
El caso de Tuxpan se suma a los esfuerzos del gobierno federal por combatir el huachicol, un problema que no solo afecta las finanzas públicas, sino que también está vinculado a redes de delincuencia organizada.
