— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una polémica al declarar que no está seguro de si las personas en su país tienen derecho al debido proceso garantizado por la Constitución, en un momento en que su administración impulsa agresivamente la deportación de inmigrantes indocumentados y otros no ciudadanos.
Las declaraciones, han generado críticas por poner en entredicho un principio fundamental del sistema legal estadounidense.
Cabe destacar que la controversia surgió cuando la pres e n t a d o r a K r i st e n We l k e r preguntó a Trump si coincidía con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que “por supuesto” todas las personas en Estados Unidos tienen derecho al debido proceso, un principio que obliga al gobierno a notificar y ofrecer una audiencia antes de tomar acciones legales adversas, como deportaciones. La respuesta de Trump fue evasiva: “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”, dijo, añadiendo que cumplir con este requisito implicaría realizar “un millón, o 2, o 3 millones de juicios”.
Aunque Trump afirmó que sus abogados “respetarán lo que dijo la Corte Suprema”, sus comentarios han levantado alarmas entre defensores de los derechos humanos y expertos legales, quienes consideran que cuestionar el debido proceso socava las garantías constitucionales que protegen a todas las personas en territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio.
“El debido proceso es un pilar de la democracia estadounidense. Ponerlo en duda es peligroso y podría justificar abusos de poder”, advirtió un analista legal consultado por este medio.
La administración Trump ha intensificado su política migratoria, invocando una ley de tiempos de guerra raramente utilizada para acelerar las deportaciones. Sin embargo, el 19 de abril, la Corte Suprema emitió una orden temporal que prohíbe la expulsión de un grupo de migrantes venezolanos acusados por el gobierno de ser miembros de pandillas.
El fiscal general, D. John Sauer, defendió en una presentación ante la Corte que los detenidos han recibido notificación previa y “tiempo suficiente” para solicitar revisiones judiciales, pero la administración ha instado a los jueces a levantar o modificar esta restricción.
