CDMX.- Tras el laudo arbitral contra el Gobierno de México, que lo condena a pagar 37.1 millones de dólares a Odyssey Marine Exploration por negar permisos ambientales, la Secretaría de Economía (SE), canceló las concesiones que la firma estadunidense tenía para desarrollar el proyecto de minería submarina “Don Diego”, en la región del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
La empresa con sede en Tampa, Florida, famosa por el rescate de tesoros en barcos hundidos, solicitó en abril de 2019 un arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al considerar que no hubo piso parejo, ni un trato justo y equitativo para sus inversionistas, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), negó en dos ocasiones la autorización de impacto ambiental para el dragado de fosfato, que es la materia prima para fabricar fertilizantes (2016 y 2018).
Odyssey Marine Exploration, contaba con tres concesiones mineras en la Zona Económica Exclusiva de México, con vigencia de 50 años, con opción a otros 50 años, para explotar un área total de 114 mil 775 hectáreas de lecho marino, ubicadas a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros frente a la costa de Baja California Sur, a una profundidad de hasta 90 metros.
Odyssey Marine Exploration, reveló que sus concesiones mineras que estaban a nombre de su filial Exploraciones Oceánicas (ExO), fueron canceladas “ilegalmente” por el gobierno de nuestro país, en junio y agosto de 2024.
En el arbitraje internacional, nuestro país argumentó que Odyssey Marine Exploration no tiene ninguna experiencia en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros submarinos, además de que las técnicas de dragado que quiere implementar no han sido puestas en práctica en ningún lugar del mundo.
También puso sobre la mesa que el CIADI dio un “peso desproporcionado” a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentados como testigos por parte de la empresa “quienes declararon que la negación de la Manifestación de Impacto Ambiental se debió a situaciones políticas y no científicas”.
La defensa de México demostró que ambos testigos incurrieron en conflicto de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”, advirtió en su momento la Semarnat.
