CDMX.- El líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, es un maestro del doble discurso, un político que juega con las reglas según le convenga. Cuando era gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019, se llenó la boca hablando de justicia y transparencia. En un arranque populista, impulsó la eliminación del fuero para los legisladores locales, encomendando a la diputada priista Laura Baqueiro Ramos presentar en 2017 una iniciativa que reformó el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
El objetivo era claro: despojar a los diputados campechanos de esa inmunidad procesal que, según él y su partido, ya no tenía sentido en una democracia moderna.
La reforma, aprobada por la LXII Legislatura, fue vendida como un triunfo de la igualdad ante la ley, un paso hacia la rendición de cuentas. “Todos somos iguales,” parecía ser el lema de “Alito” en aquellos días.
Pero qué rápido cambian las tornas cuando el fuego quema en casa. Apenas dejó la gubernatura y se instaló como diputado y jefe del PRI, las acusaciones de enriquecimiento ilícito comenzaron a lloverle. La Fiscalía de Campeche lo señaló por un presunto desvío de más de 4 mil millones de pesos durante su gestión, además de la compra de propiedades de lujo, como una mansión de 130 millones de pesos, que no cuadran con su salario de servidor público. ¿Y qué hizo el valiente cruzado contra el fuero?
Se cobijó en el manto del fuero federal, ese privilegio que tanto criticó en su estado, pero que ahora le sirve de escudo para evadir a la justicia.
La hipocresía de “Alito” es de antología. Cuando estaba en el poder en Campeche, no dudó en empujar el Decreto 87 de 2016, que borró el fuero de la Constitución estatal, y luego la reforma de Baqueiro en 2017, que ajustó la Ley Orgánica para que los legisladores enfrentaran procesos penales sin necesidad de trámites previos.
Era el héroe de la transparencia, el gobernante que quería acabar con los privilegios. Pero cuando las cámaras apuntaron hacia él, corrió a refugiarse en la inmunidad que le otorga su curul en el Senado, una protección que el nivel federal aún conserva y que él, convenientemente, no cuestionó. ¿Dónde quedó el discurso de “todos somos iguales ante la ley”? En el cajón del olvido, junto con su dignidad.
El caso de “Alito” es un retrato crudo de la política neoliberal: un hombre que usa las leyes como herramienta de imagen cuando le benefician y como armadura cuando lo acorralan.
Mientras en Campeche los legisladores quedaron expuestos a la justicia por su iniciativa, él se parapetó en el fuero federal, obteniendo amparos y dilatando investigaciones que lo señalan como un posible corrupto de proporciones épicas.
Los audios revelados por Layda Sansores en 2022, donde presuntamente extorsiona a contratistas para financiar campañas, solo refuerzan la sospecha: este no es un líder, es un oportunista.
Hoy, en 2025, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que “no protegeremos a nadie” y pide que figuras como Cuauhtémoc Blanco enfrenten sus acusaciones, “Alito” sigue aferrado a su curul, burlándose de la justicia que él mismo decía defender.
Su cinismo es un insulto a los campechanos que creyeron en su discurso y a los mexicanos que exigen cuentas claras. Si de verdad creía en la igualdad ante la ley, debería renunciar a su fuero y dar la cara. Pero no lo hará.
Porque “Alito” Moreno no es un hombre de principios, sino un político de conveniencias. Y mientras siga cobijado en su manto federal, su legado será el de la hipocresía, no el de la justicia.
