CDMX. – Frente a las especulaciones de una supuesta alianza entre MORENA y el PRI, tras el voto de este último a favor de mantener el fuero constitucional de Cuauhtémoc Blanco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue tajante:
“¿Cómo creen que va haber alianza con el PRI? Imagínense aliarse con Alejandro ‘Alito’ Moreno”. Con esta declaración, la mandataria buscó zanjar los rumores y subrayó que la decisión de no desaforar al exfutbolista fue exclusiva del Poder Legislativo.
Asimismo, la mandataria, también respondió a las críticas de la oposición, que la señalan como la mano detrás de cada movimiento político. “La oposición cree que estoy metida en todo, pero sí creemos en la separación de poderes”, argumentó, defendiendo la autonomía del Congreso en este caso. Sheinbaum reiteró que su administración respeta las atribuciones de cada poder, aunque dejó abierta la puerta a un análisis más profundo del contexto que rodea la acusación contra el exfutbolista.
MÚLTIPLES DELITOS, DESDE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO HASTA VIOLENCIA POLÍTICA
Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito” Moreno y actual líder nacional del PRI, enfrenta una serie de acusaciones por diversos delitos que han marcado su trayectoria política, especialmente durante y después de su gestión como gobernador de Campeche (2015-2019). A continuación, se detallan los principales señalamientos en su contra, basados en denuncias presentadas ante autoridades y reportes periodísticos.
Uno de los cargos más recurrentes contra “Alito” es el de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía de Campeche ha investigado la adquisición de propiedades, como una mansión en Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos, que no correspondería a los ingresos declarados de Moreno como gobernador, entre 80 y 90 mil pesos mensuales.
Además, se le acusa de lavado de dinero por presuntas operaciones con empresas fantasma entre 2017 y 2019, con un desvío estimado de 59 millones de pesos, según una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS
Otra acusación grave proviene del diputado morenista Miguel Prado, quien en abril de 2024 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un supuesto desvío de 3,941 millones de pesos durante su gubernatura.
Este señalamiento incluye tráfico de influencias, fraude fiscal, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, respaldado por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sectores como salud y nóminas.
VIOLENCIA POLÍTICA Y EXTORSIÓN
Montserrat Arcos, exdirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, denunció a Moreno en 2024 por violencia política de género y corrupción. Según Arcos, Moreno le exigió desviar 32 millones de pesos etiquetados para cursos de capacitación, de los cuales la mitad regresaría a él, y al negarse, recibió amenazas que frenaron su carrera política.
Asimismo, audios filtrados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sugieren actos de extorsión, como presuntas demandas de 25 millones de pesos a Cinépolis y comentarios sobre “matar de hambre” a periodistas.
OTROS SEÑALAMIENTOS
“Alito” Moreno también ha sido acusado de uso indebido de atribuciones, sobornos a diputados locales (300 mil pesos, según el líder de Movimiento Ciudadano en Campeche), y hasta un caso de envenenamiento de perros en 2019, aunque este último parece secundario.
Además, se le señala por triangular recursos millonarios a través de empresas fachada junto a su hermano Emigdio, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Moreno no ha sido condenado hasta la fecha. Él sostiene que se trata de una persecución política orquestada por el gobierno federal y sus adversarios, y las investigaciones siguen en curso sin resolución definitiva.
El líder del PRI continúa aferrado a su cargo, mientras las críticas dentro y fuera de su partido crecen, poniendo en duda su liderazgo y el futuro del tricolor.
