CAMPECHE, CAMP. En Campeche, al menos 23 anexos—centros que brindan rehabilitación a personas con adicciones— operan de manera registrada pero con algunas fallas, sin embargo, hay varias que funcionan en la clandestinidad, exponiendo a los internos a condiciones inhumanas e incluso prácticas abusivas, así lo informó la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam).
La titular, Ligia Nicthe Ha Rodríguez Mejía dijo que la OMBUDSPERSON estatal, reveló que estos centros se dividen en dos categorías: Los registrados, pero con deficiencias en su operación, incumpliendo normas básicas de seguridad y atención; mientras que clandestinos no reportan su existencia a autoridades municipales, de salud o Protección Civil.
REHABILITACIÓN O TORTURA
En los centros no regulados, no hay garantías de derechos humanos. Algunos emplean métodos brutales —como encierros prolongados, golpes y privación de necesidades básicas— bajo el pretexto de “curar” las adicciones. “En algunos casos, las prácticas llegan a encajar en esquemas de tortura”, advirtió Rodríguez Mejía.
Peor aún: muchos de estos lugares ya habían sido clausurados, pero reabrieron en secreto, burlando la vigilancia de las autoridades. Un ejemplo reciente fue el aseguramiento de cuatro personas —entre ellas un exmilitar convertido en pastor—, quienes operaban un anexo sin permisos y en condiciones deplorables.
SIGUE LA BATALLA POR EL CONTROL
La presidenta de Codhecam señaló que los municipios y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriscam) son los principales responsables de supervisar estos lugares. Sin embargo, reconoció que falta más acciones para impedir que sigan funcionando, pues hay muchos riesgos que representan.
Por último, indicó que los municipios deben verificar que los anexos tengan licencias en regla, ya que son negocios que cobran por sus servicios. La Copriscam tiene la obligación de inspeccionar condiciones sanitarias, pues en estos sitios se preparan alimentos y se manejan residuos sin protocolos adecuados.
