CDMX. – Si algo define al sistema judicial en México es su vocación por la contradicción, en un país donde pequeños comerciantes pierden su patrimonio por no pagar una multa y madres solteras son perseguidas por deber cuotas de empresas agiotistas como Elektra México, los grandes delincuentes tienen asegurada una vía de escape: amparos exprés, jueces “comprensivos” y tribunales que, con una reverencia burocrática, les devuelven sus fortunas como si se tratara de un error administrativo.
El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga es el epítome de esta vulgar comedia, desde 2021, la Fiscalía General de la República los acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal por el desvío de 2,950 millones de pesos.
¿Qué mensaje envía esto al ciudadano común? Que la justicia solo aplica para el que no tiene recursos para defenderse, que si robas lo suficiente, no eres un delincuente, sino un cliente VIP del Poder Judicial, que la moral del sistema no radica en la justicia, sino en la capacidad de los acusados para encontrar las grietas del entramado legal.
Una cantidad que, en un país con hospitales sin suficiente abasto medicinas y niños careciendo de escuela, equivale a un insulto nacional.
