CDMX. El aire en Teuchitlán huele a muerte, a ceniza y a una verdad que las autoridades de Jalisco se han negado a enfrentar. “No es un solo crematorio, estamos hablando de un centro de reclutamiento, de adiestramiento y de exterminio”, sentencia Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, con una voz que tiembla entre el coraje y el dolor.
Ella, como tantas otras, lleva el peso de una lucha que no eligió: su hermana está desaparecida, y esa herida abierta la ha convertido en una guerrera incansable. Pero lo que encontraron la semana pasada en una finca de este municipio rebasa cualquier pesadilla imaginable.
“No me quiero imaginar cuánta gente está ahí calcinada. Se me enchina la piel de solo pensarlo. Es algo que no habíamos visto nunca, un horror que no le deseo a nadie”, confiesa Indira, mientras sus palabras resuenan como un eco de impotencia y rabia.
En ese predio, bautizado como el “rancho Izaguirre”, el colectivo descubrió crematorios clandestinos, fosas repletas de restos humanos, huesos calcinados, casquillos, y un sinfín de objetos personales que narran en silencio las vidas truncadas: mochilas, carteras, cuadernos, credenciales, llaveros, ropa. Cada hallazgo es un grito que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quiso apagar entre llamas y tierra.
El hallazgo o descubriendo del campo de exterminio compartido en redes sociales con fotos y videos que estremecieron al país, no fue obra de la tecnología sofisticada de la Fiscalía de Jalisco, sino del instinto y la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos.
“Nosotros confiamos en la intuición que nos ha hecho sacar miles de cuerpos y fosas aquí en Jalisco. Las autoridades no sienten el dolor que sentimos las familias. Nunca van a buscar como lo hace alguien que perdió a un desaparecido”, asegura Indira, apuntando con dedo firme a la inacción de un gobierno que, según ella, ha preferido maquillar cifras antes que enfrentar la realidad.
Como se recordará, la semana pasada, cuando el colectivo dio con este “campo de exterminio”, notificaron de inmediato a la Fiscalía estatal.
Agentes y peritos llegaron al lugar, donde hasta ahora han identificado al menos seis sitios con restos óseos y más de 500 indicios, además de cientos de prendas y objetos clasificados.
El fiscal Salvador González de los Santos asegura que se realiza un “análisis forense detallado” para determinar la antigüedad de los restos y posibles identidades. Pero para Indira y los suyos, esas palabras suenan vacías. “No hicieron nada. Nosotros ya no confiamos en su tecnología ni en sus promesas.
Yo te lo puedo afirmar: ahí hay más crematorios y más fosas, porque los mismos jóvenes que sobrevivieron nos lo han dicho”, sentencia.
Entre las sombras de ese rancho, las historias de terror emergen como fantasmas. “Recibimos llamadas de personas que estuvieron reclutadas y que viven para contarlo. Hablan con un terror que te hiela la sangre, dicen que fue un infierno en vida”, relata Indira.
Uno de esos sobrevivientes, cuya voz anónima llegó al colectivo, describió un martirio que duró años en ese lugar. “Tenía más de tres años operando esta finca”, asegura la líder, y su afirmación cae como un mazazo: ¿cómo es posible que durante tanto tiempo nadie haya hecho nada?
La culpa, para Indira, tiene nombres y apellidos. “En el sexenio pasado quisieron maquillar las cifras por órdenes del gobernador, me atrevo a decirlo directamente. Ellos tratan de sacar el trabajo lo más rápido posible, pero no les importa el dolor de las familias”, denuncia.
Por eso, exige que el caso pase a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), porque en Jalisco, dice, la justicia es un espejismo. “Ellos no buscan como nosotros. No sienten lo que sentimos. Y mientras tanto, el CJNG sigue reclutando, adiestrando y matando a plena luz del día”.
El rancho Izaguirre no es solo un cementerio clandestino; es un símbolo de la indolencia, un recordatorio de que en Jalisco la muerte opera con impunidad mientras las autoridades miran a otro lado. Indira Navarro, con su dolor y su lucha, se ha convertido en la voz de miles que claman justicia. Pero su pregunta sigue sin respuesta: ¿hasta cuándo seguirá la impunidad por parte del gobierno de Jalisco?
