CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que la entrega de 29 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos responde a la amenaza que representaban para México y al riesgo de que fueran liberados por acuerdos con jueces corruptos.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que algunos de estos criminales, solicitados por el gobierno estadounidense, enfrentaban procesos de extradición que podrían retrasarse o incluso frustrarse debido a pactos con ciertos magistrados.
“Teníamos información de que algunos de estos objetivos podían ser liberados o sus extradiciones seguían retrasándose por acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos”, afirmó García Harfuch.
Subrayó que los extraditados son responsables de delitos graves como extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas, afectando tanto a México como a Estados Unidos. Algunos de ellos, destacó, eran buscados por el Departamento de Justicia estadounidense desde hace hasta 40 años.
El operativo para su traslado involucró a 3 mil 512 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de 342 vehículos y 20 aeronaves.
García Harfuch calificó la acción como “un acto de autoridad sin precedentes” dentro de la estrategia nacional de seguridad, asegurando que se respetaron los derechos humanos de los extraditados y los protocolos institucionales.
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó profundizar en detalles sobre la extradición, pero aprovechó para criticar la corrupción en el Poder Judicial. “Es aberrante qué bueno que el pueblo tomó la decisión de cambiar a los jueces, magistrados y ministros para salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción”, afirmó, refiriéndose a la reforma judicial que entrará en vigor en junio próximo.
Por su parte, el fiscal general Alejandro Gertz Manero detalló que la extradición se llevó a cabo conforme al artículo 88 de la Constitución y la Convención de Palermo, respondiendo a una solicitud fundamentada del gobierno de Estados Unidos. Aseguró que no se violaron las suspensiones jurídicas interpuestas por algunos de los detenidos para evitar su traslado.
Esta operación marca un hito en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, al tiempo que pone de relieve los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir la impunidad y la corrupción en el sistema judicial.
