CAMPECHE. En una sesión nocturna que marcó un antes y un después en la seguridad de Campeche, el Congreso del Estado aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ahora, delitos como la extorsión y el tráfico de precursores químicos, incluyendo el temido fentanilo, serán castigados con medidas más estrictas desde el inicio del proceso judicial.
El mismo caso fue en el congreso federal cuando en la cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular las reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como los precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo.
Avalado en lo general y en lo particular con 327 votos a favor y 118 en contra, el proyecto en materia de protección a la salud enviado al Senado de la República establece que “la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas”.
Por su parte el titular de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), Jackson Villacís Rosado, destacó que esta medida busca cerrar las brechas legales que permitían a algunos delincuentes evitar la cárcel durante su juicio.
“La prisión preventiva oficiosa ya se aplicaba en ciertos casos en la entidad, pero ahora se suman delitos que antes no estaban contemplados, como los relacionados con drogas sintéticas y extorsión”, explicó el fiscal.
La reforma, aprobada el pasado 1 de diciembre, modifica el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respondiendo a la creciente exigencia ciudadana de combatir la impunidad. Según Villacís, la decisión se sustenta en los operativos recientes que han desmantelado redes de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, como la detención de cuatro personas clave en Ciudad del Carmen.
No obstante, la medida también genera interrogantes. Villacís recordó que la prisión preventiva no aplica en todos los casos, lo que ha causado molestia entre quienes esperan que todo sospechoso de un delito grave sea encarcelado de inmediato. “Es un equilibrio delicado: garantizar la seguridad sin violentar derechos”, enfatizó.
