La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un acuerdo que define “el haber de retiro vitalicio” para los ocho ministros que han anunciado su renuncia y que no participarán en la elección de juzgadores en 2025. La decisión, que implica un cálculo proporcional basado en el sueldo tabular actual, generó polémica debido al elevado costo para las finanzas públicas.
Por ello, el pleno de la SCJN determinó que, a partir de 2025, se desembolsarán 27 millones 266 mil 236 pesos anuales para cubrir las pensiones de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien contenderá por un lugar en la SCJN en 2025, calificó estos montos como “exorbitantes” y contrarios a los principios de equidad establecidos en la Constitución. Señaló que si las pensiones se calcularan con base en los sueldos proyectados para 2025, serían un 12.8 por ciento inferiores, lo que representa una oportunidad perdida para optimizar los recursos públicos.
CONDICIONES DEL HABER DE RETIRO
Según el Artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los ministros retirados reciben el ciento por ciento de su ingreso mensual durante los dos primeros años y el 80 por ciento posteriormente.
Además, cuentan con prestaciones como aguinaldo, pago por riesgo y prima vacacional, que se suman a su pensión vitalicia.
