MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para la desaparición de siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En sustitución de Cofece e IFT, se prevé la creación de una autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, con facultades para prevenir, investigar y combatir monopolios, además de regular de manera asimétrica a los actores del mercado en telecomunicaciones y radiodifusión.
Al presentar la propuesta de modificación al artículo 28 constitucional, el diputado de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que el nuevo organismo contará con herramientas reforzadas para imponer multas, reducir los tiempos de investigación y coordinarse con el Poder Judicial para aplicar sanciones de forma expedita.
“Cumple cabalmente con lo establecido en el T-MEC; son órganos independientes que permitirán generar mayor competencia económica en nuestro país”, afirmó Ramírez Cuéllar.
CONCESIONES RESTRINGIDAS PARA LITIO Y ELECTRICIDAD
La mayoría parlamentaria también aceptó una reserva propuesta por el PT para incluir en el artículo 27 constitucional que no se otorgarán concesiones a particulares para la explotación del litio ni para el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, reforzando el control estatal en estos sectores estratégicos.
SIGUIENTES PASOS EN EL SENADO
La reforma fue aprobada en lo particular con 332 votos a favor y 119 en contra, y ahora será turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Cabe destacar que además del INAI, Cofece e IFT, la propuesta contempla la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Esta medida forma parte de una reestructuración profunda impulsada por Morena y sus aliados, quienes argumentan que busca reducir costos y aumentar la eficiencia en la administración pública. No obstante, críticos han señalado que podría centralizar excesivamente el poder en el Ejecutivo y afectar la autonomía en sectores clave para el desarrollo económico y social del país.
