MÉXICO.- “Los juniors tóxicos” no alcanzaron los ocho votos para “abortar” la reforma judicial, por lo que los ministros, magistrados y jueces serán electos por voto popular a partir del próximo año.
La reforma al Poder Judicial avanza, y con ella un cambio histórico que transformará la manera en que se eligen a los juzgadores, y en línea con un modelo de mayor cercanía y representación ciudadana, estos funcionarios serán elegidos por voto popular.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con siete votos a favor y cuatro en contra, desestimó la validez de cualquier acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la reforma al Poder Judicial.
En consecuencia, prevaleció en sus términos la reforma al Poder Judicial y se desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que proponía invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra. A ellas se sumó de última hora el voto del ministro Alberto Pérez Dayán. Con esta medida, se busca fortalecer la legitimidad de la justicia y reducir el aislamiento que, por años, ha caracterizado a este poder. La determinación de mantener la reforma, adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa un paso firme hacia un Poder Judicial más abierto y responsable.
Pese a que se opusieron los ministros neoliberales, encabezados por Norma Piña, al final aceptaron que la Corte solo puede invalidar reformas constitucionales con el respaldo de al menos ocho votos. Dado que no se alcanzó este umbral, la reforma permanece vigente, impulsando la esperanza de un cambio profundo en la justicia mexicana.
El ministro Pérez Dayán, en particular, argumentó que las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición carecen de fundamento, pues los partidos políticos no tienen atribuciones para impugnar modificaciones constitucionales. En su opinión, el intento de detener la reforma no solo es improcedente, sino que representa un esfuerzo por mantener un sistema judicial centralizado, inaccesible y sin
PODER JUDICIAL PARA EL PUEBLO
La reforma al Poder Judicial ha dado un paso firme y contundente hacia una verdadera transformación. En una sociedad democrática, la justicia no puede permanecer aislada en los muros de la tecnocracia y el elitismo, sino que debe reflejar las aspiraciones y necesidades del pueblo.
Con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desestimó cualquier intento de invalidar esta reforma, se abre un nuevo capítulo en el que los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, haciendo que la justicia mexicana se acerque a sus verdaderos destinatarios: los ciudadanos.
Por años, el Poder Judicial ha sido un terreno casi inaccesible para el ciudadano común. Ministros, jueces y magistrados han operado dentro de un sistema centralizado y cerrado, ajeno a la realidad cotidiana de las personas. Esta reforma pone fin a ese aislamiento y representa una ruptura con el viejo modelo elitista que, por demasiado tiempo, ha regido la administración de justicia en México.
La posibilidad de elegir a los encargados de impartir justicia por medio del voto popular fortalece no solo la legitimidad de este poder, sino también su capacidad de responder a las necesidades de quienes, en última instancia, son los destinatarios de sus decisiones: el pueblo mexicano.
No sorprende que la medida haya encontrado resistencia entre ciertos ministros que, en su afán por defender privilegios de un sistema arcaico, se han opuesto a la democratización del Poder Judicial. Encabezados por Norma Piña, estos ministros neoliberales intentaron detener la reforma, aunque, en última instancia, la Corte resolvió que las reformas constitucionales solo pueden ser invalidadas con el apoyo de al menos ocho votos.
El intento de bloquear esta medida no fue más que una defensa de una visión centralista y elitista de la justicia, una visión que ya no corresponde con las exigencias del país.
