MÉXICO.- Tras enfatizar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gira de trabajo de fin de semana, de que la elección a juzgadores va, representa un avance histórico en la democratización de las instituciones del país.
“Que se oiga bien y que se oiga lejos: el primero de junio del próximo año vamos a elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, puntualizó la Jefa del Ejecutivo federal.
Esta decisión, ya aprobada por los legisladores, fue ratificada por la mandataria federal. Por primera vez, se plantea que el poder de seleccionar a quienes nos imparten justicia no recaiga en grupos cerrados, sino en el pueblo, brindándole la oportunidad de elegir a los miembros de su máximo tribunal.
La idea de que el Poder Judicial sea una entidad realmente representativa de la sociedad y no solo una prolongación de las élites es un paso hacia el ideal de un gobierno del pueblo y para el pueblo.
En lugar de un sistema en el que los jueces sean nombrados por acuerdos y recomendaciones en pasillos cerrados, esta reforma es una apuesta clara para que la justicia sea impartida por individuos conscientes de sus compromisos con el bienestar común, libres de intereses particulares y cercanos a la realidad social de los mexicanos. No olvidemos que la corrupción, un mal endémico en diversas instituciones, también ha permeado el ámbito judicial. Y, con esta medida, se envía un mensaje contundente: la justicia no está en venta ni responde a la conveniencia de unos cuantos.
GARANTÍA DE TRAN SPARENCIA Y DEMOCRACIA
La oposición a esta reforma, es cierto, ha sido fuerte y ruidosa. Se nos acusa de autoritarismo, de querer controlarlo todo. Sin embargo, estos argumentos caen en contradicción cuando recordamos que se trata justamente de darle al pueblo la capacidad de elegir.
La idea de que sea el propio pueblo el que determine quiénes administrarán justicia no es autoritaria: es profundamente democrática. La reforma no busca otro fin que reducir la opacidad en el Poder Judicial y otorgarles a los ciudadanos el poder de supervisar a aquellos que deberían ser los guardianes de la ley
