MÉXICO. Petróleos Mexicanos (Pemex) está en camino de completar la recuperación de fondos públicos vinculados a una transacción irregular con Altos Hornos de México (AHMSA) y su exdirigente, Alonso Ancira Elizondo.
Hasta el momento, la empresa estatal ha recibido dos de los tres pagos establecidos en un acuerdo reparatorio, lo que ha permitido la recuperación de 104 millones de dólares. El último pago, pendiente para noviembre, marcará la culminación de este proceso.
Este acuerdo, aprobado en abril de 2021, fue producto de una estrategia legal encabezada por la doctora Luz María Zarza Delgado, de la Dirección Jurídica de Pemex, y Rodrigo Loustaunau Martínez, subdirector Jurídico Contencioso de la misma entidad. Dicho acuerdo compromete a AHMSA y Alonso Ancira a devolver un total de 216.6 millones de dólares en tres pagos escalonados. Los dos primeros pagos, realizados en noviembre de 2021 y noviembre de 2022 por 50 y 54 millones de dólares respectivamente, se han efectuado conforme a lo pactado.
A principios de 2023, AHMSA solicitó una prórroga de un año para cumplir con el pago final, originalmente programado para noviembre de 2023. El nuevo plazo, aprobado por Pemex, fija la fecha
límite para el 30 de noviembre de 2024, lo que permite a la siderúrgica reestructurar sus finanzas antes de hacer frente a su obligación.
El trasfondo de este acuerdo se remonta a 2019, cuando se reveló que Pemex adquirió la planta de Agronitrogenados a AHMSA en 2013 por un precio inflado en un 127%, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Este caso derivó en la detención de Alonso Ancira en España y su extradición a México en 2021.
La compra de la planta de Agronitrogenados, realizada durante la administración de Emilio Lozoya en Pemex, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos impulsados por la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno actual en su lucha contra la corrupción.
Aunque hasta ahora Pemex ha liderado los esfuerzos en la recuperación de los fondos, aún existen retos importantes por resolver en los próximos meses, particularmente en el contexto de la transición política con Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de México, en quien recaerá la responsabilidad de asegurar la continuidad y transparencia en la supervisión del acuerdo.
