MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre los detalles del proceso de elección del Poder Judicial, programado para junio de 2025, a pesar de la falta de cooperación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Destacó que, aunque la SCJN no envíe los datos necesarios de los juzgadores que se van a reelegir, el Senado tiene las facultades para llevar a cabo el proceso sin mayores obstáculos.
El proceso se dividirá en dos etapas: la primera en 2025 y la segunda en 2027. En 2025, se elegirán jueces, magistrados y la totalidad de los ministros de la SCJN. “Primero se van a elegir a
los jueces y magistrados que no han sido nombrados hasta ese momento, hasta llegar a la mitad del total, y también se elegirá a toda la Suprema Corte”, explicó.
En cuanto a los juzgadores de los estados, la presidenta mencionó que la Constitución exige modificar las constituciones estatales para poder llevar a cabo sus elecciones. Los estados podrán decidir si realizan este proceso en dos fases (2025 y 2027) o completarlo en 2027.
Respecto a las vacantes disponibles, Sheinbaum Pardo señaló que, en caso de que el Consejo de la Judicatura no publique la información correspondiente, el Senado se encargará de revisar cuáles son las vacantes para emitir la convocatoria correspondiente.
“La Constitución establece que el Consejo de la Judicatura tiene que enviar al Senado el número de vacantes, pero hasta ahora no lo han hecho. Si no lo envían, el Senado buscará la manera de obtener esa información”, indicó la mandataria.
Para la elección de los ministros de la SCJN, se lanzarán tres convocatorias, una desde la Presidencia, otra desde el Senado y una más desde la Suprema Corte. Cada una de estas entidades designará a cinco representantes, quienes conformarán un comité que elegirá a los nueve ministros de la Corte.
En su conferencia matutina, Sheinbaum anunció el envío al Senado de dos leyes que definirán las reglas para la elección del Poder Judicial en 2025.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, presentó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo objetivo es garantizar los principios rectores de transparencia y legalidad en el proceso electoral de jueces, ministros y magistrados.
