MÉXICO. El paro de más de 900 jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal ha creado una crisis en la impartición de justicia que afecta a miles de ciudadanos, afirmó el abogado Marco Antonio García García, quien solicitó juicio político contra estos funcionarios, quienes, al suspender labores en protesta por la reforma judicial, han paralizado los tribunales y dejado a muchos sin el acceso a la justicia que tanto necesitan, mientras, ellos siguen percibiendo sus salarios.
Resulta inconcebible que aquellos encargados de garantizar el derecho a la justicia estén utilizando su poder para proteger privilegios y no para defender el interés público.
¿Es justo que mientras estos jueces protestan por la pérdida de sus beneficios, los ciudadanos comunes sufran las consecuencias de la parálisis en los tribunales? Al parecer, para ellos, la justicia es un bien que pueden poner en pausa cuando sus intereses están en juego, ignorando las necesidades urgentes de quienes dependen de sus decisiones.
La reforma al Poder Judicial ya ha sido aprobada y es ley. Sin embargo, estos jueces y magistrados insisten en mantener un paro que no tiene justificación, más allá de su evidente resistencia al cambio. No están defendiendo los derechos de los ciudadanos, están defendiendo sus propios intereses.
La solicitud de juicio político presentada por García García pone en la mesa una pregunta esencial: ¿deben los jueces seguir siendo intocables cuando están claramente perjudicando al país? La justicia no puede detenerse, mucho menos por caprichos o presiones corporativistas. Si los jueces no están dispuestos a cumplir con su responsabilidad, entonces es hora de que enfrenten las consecuencias.
Es fundamental que se restablezca de inmediato la impartición de justicia. Los ciudadanos no pueden ser rehenes de un poder que, en lugar de servir, ha decidido proteger sus propios privilegios. La ley debe ser para todos, incluso para aquellos que la aplican.
