MÉXICO.- La reciente reforma judicial, que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, ha generado un debate intenso en todos los niveles. Bernardo Bátiz Vázquez, consejero de la Judicatura Federal, ha sido claro en sus declaraciones: esta reforma representa una verdadera revolución que democratizará al Poder Judicial.
Es cierto, como lo ha señalado Bátiz, que algunos trabajadores del Poder Judicial perderán su empleo por falta de profesionalización o como resultado de la implementación de la reforma. Sin embargo, esto no es un fenómeno exclusivo de este proceso de transformación.
En cualquier ámbito laboral, cuando se introducen cambios estructurales de tal magnitud, existen ajustes inevitables. Lo importante aquí es que se han establecido garantías para que
los derechos económicos de los trabajadores sean respetados, asegurando su liquidación y pensiones. Este proceso, aunque doloroso para algunos, es necesario para poner en marcha un sistema judicial más transparente y democrático.
El argumento central de quienes critican la reforma es el riesgo de que la elección popular de jueces, magistrados y ministros abra las puertas a la infiltración de intereses indebidos, como la delincuencia organizada.
Sin embargo, este riesgo es inherente a cualquier sistema democrático, como lo ha señalado Bátiz. Lo que debe hacerse es implementar mecanismos efectivos de control y transparencia para mitigar este riesgo.
No se puede frenar el progreso por el temor a los desafíos que conlleva; por el contrario, es responsabilidad del Estado diseñar estrategias para enfrentarlos con éxito.
La elección de los jueces por voto popular no es un capricho, sino una medida que fortalece la independencia del Poder Judicial. Bajo el sistema anterior, los jueces eran designados, lo que, paradójicamente, representaba un riesgo mayor para su autonomía.
Con la reforma, su independencia no dependerá de la cúpula del poder, sino del pueblo, lo que les otorga una legitimidad y respaldo que les permitirá ejercer su función con mayor libertad. Esta democratización es un paso fundamental para garantizar una justicia más cercana a los ciudadanos.
El Poder Judicial de México ha atravesado una crisis profunda, exacerbada por el paro laboral que involucró a trabajadores, jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la pronta reanudación de actividades es una señal positiva de que el sistema judicial puede adaptarse a los cambios necesarios.
