MÉXICO.- El reciente cambio al Plan de Pensiones Complementarias aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pone en evidencia, una vez más, el afán de los jueces y magistrados por proteger sus privilegios a toda costa. En un movimiento calculado, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, se redujo la edad de jubilación de 65 a 55 años para que los
jueces y magistrados puedan acceder a su pensión antes de la entrada en vigor de la nueva Reforma al Poder Judicial.
Este acuerdo, aprobado por unanimidad, es una maniobra diseñada para que aquellos que han disfrutado de un sistema lleno de beneficios sigan explotándolo. Mientras la sociedad mexicana clama por un sistema judicial justo y transparente, los altos mandos del Poder Judicial se aseguran de que sus bolsillos queden bien protegidos.
El argumento de que estas pensiones aseguran una “jubilación digna” para los juzgadores es, cuando menos, insultante para el ciudadano promedio que se enfrenta a pensiones insuficientes y años de trabajo sin los lujos que estos jueces y magistrados han acumulado.
BASTIÓN DE PRIVILEGIOS
Desde hace tiempo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado los excesos del Poder Judicial, una institución que ha estado al servicio de las élites económicas y políticas del país. Con este nuevo movimiento, queda claro que jueces y magistrados están más preocupados por mantener sus privilegios que por servir a la justicia.
