MÉXICO- Durante la conferencia de “La Mañanera”, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, exhibió las injerencias en el Poder Judicial, como nepotismo, corrupción y otras prácticas que minan la credibilidad de este órgano.
Uno de los puntos más controversiales es la conducta de la ministra Norma Piña, quien convocó a una cena en medio de un proceso electoral con personajes clave como el dirigente del PRI y un magistrado del Tribunal Electoral.
En un momento crítico para la democracia, este tipo de reuniones arrojan dudas sobre la imparcialidad de quienes deben velar por la justicia electoral. A esto se suma la polémica decisión de un juez de distrito que, sin precedentes, ordenó al Tribunal Electoral designar dos magistraturas vacantes con el fin de calificar la elección presidencial, un acto que fue visto por muchos como una intromisión indebida en el proceso democrático. Además, las acciones recientes
de la ministra Piña han generado aún más controversia. En agosto de 2024, admitió un recurso impulsado por el dirigente del PAN para que la Suprema Corte interpretara y decidiera los criterios de asignación de diputaciones plurinominales, un paso que se percibe como una forma de intervenir en las decisiones políticas que deberían regirse bajo un marco preestablecido.
No obstante, estas cuestiones de injerencia son solo una cara del problema. La corrupción dentro del Poder Judicial está documentada de manera inquietante, con informes sobre la venta de exámenes de oposición para jueces a precios de hasta 186 mil pesos, una cifra que deja al descubierto el acceso selectivo y mercantilizado a posiciones clave.
