MÉXICO- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dejó claro su postura respecto a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Hernández Piña, quien ha manifestado su rechazo a la reforma al Poder Judicial. En ejercicio de su derecho a la crítica, reconoció que tanto ella como los trabajadores del sistema judicial tienen pleno derecho a expresarse.
Sin embargo, fue enfático al señalar un problema que para muchos es evidente: la corrupción dentro del Poder Judicial, y la urgente necesidad de una transformación profunda en este ámbito crucial para la democracia.
Las palabras del presidente no son exageradas. Subrayó que el cambio es inminente y necesario, no solo para garantizar la legalidad y la justicia que el pueblo mexicano merece, sino para evitar que el sistema continúe siendo una herramienta que favorezca a las élites económicas, los empresarios, los banqueros y los intereses extranjeros.
Esto no es una simple retórica política, sino una realidad que ha permeado en diversas esferas del poder durante décadas.
La ministra presidenta, en su discurso, habló de “demolición”, refiriéndose a las reformas que se avecinan. Pero el presidente fue tajante: lo que se busca no es destruir, sino hacer lo mismo que se ha hecho con otros poderes de la Unión, como el Ejecutivo y el Legislativo, que han pasado por profundas transformaciones bajo su gobierno.
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