MÉXICO- La corrupción ha sido, sin lugar a dudas, una de las mayores laceraciones que han frenado el desarrollo de México durante décadas. Bajo la sombra de administraciones pasadas, donde los escándalos de corrupción eran comunes.
Sin embargo, en la reciente conferencia de “La Mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacó avances significativos en la lucha contra este mal endémico, al informar sobre las sanciones impuestas a más de 12 mil funcionarios públicos por actos de corrupción durante su gobierno.
El número es impresionante: 12 mil 752 servidores públicos sancionados y un ahorro de dos billones de pesos que de otra manera habrían desaparecido en los bolsillos de unos pocos. Según los datos proporcionados, estas sanciones van desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilitaciones, con un monto acumulado que supera los 10 mil millones de pesos. Este resultado parece indicar que, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno no solo está dispuesto a combatir la corrupción, sino que lo está haciendo de manera efectiva.
Sin embargo, no debemos perder de vista la complejidad de esta lucha. A pesar de los avances mencionados, el presidente López Obrador también recordó el caso de Segalmex, un escándalo que, aunque no llega a los niveles de los peores abusos del pasado, aún representa un reto significativo para su administración.
La corrupción en Segalmex, que involucró a figuras como Luis Fernando “Z”, alias el ‘Rey del Abarrote’, y una compleja red de empresas fachada, es un recordatorio de que el camino hacia un México libre de corrupción es largo y arduo.
Es cierto que las cifras presentadas por el presidente son alentadoras, pero también es cierto que la corrupción es un fenómeno arraigado en múltiples niveles de la sociedad y del gobierno.
La purga de funcionarios corruptos es un paso importante, pero la verdadera victoria se logrará cuando no solo se castigue a los culpables, sino cuando las instituciones del Estado sean lo suficientemente fuertes y transparentes como para prevenir estos actos antes de que ocurran.
Además, es necesario cuestionar la cultura de la impunidad que ha prevalecido en el país. Si bien López Obrador ha insistido en que su gobierno no tolera la corrupción ni la impunidad, el caso de Segalmex muestra que aún hay espacios donde los viejos vicios pueden reaparecer.
La detención de los involucrados es un paso en la dirección correcta, pero el gobierno debe garantizar que este y otros casos similares no se conviertan en excepciones a una regla que todavía necesita ser escrita con más firmeza.
El mensaje es claro: la lucha contra la corrupción debe ser constante, incansable y sin tregua. La administración actual ha demostrado un compromiso serio con este objetivo, pero el desafío es inmenso.
No solo se trata de sancionar a los culpables, sino de transformar las estructuras que han permitido que la corrupción florezca. México tiene la oportunidad de cambiar su historia, de dejar atrás la era de la impunidad y avanzar hacia un futuro donde la honestidad y la integridad sean las normas y no las excepciones.
Es fundamental que la sociedad mexicana se mantenga vigilante y exija que estos esfuerzos no se queden en meras cifras o promesas, sino que se traduzcan en un cambio real y palpable en la vida diaria de los ciudadanos.
La corrupción ha robado demasiado a este país, y es hora de que el pueblo recupere lo que es suyo por derecho: un gobierno que realmente trabaje para el bien común. La administración de López Obrador ha dado pasos importantes, pero el camino por recorrer es largo, y la corrupción, como bien sabemos, no se derrota con facilidad. Pero con voluntad, transparencia y el respaldo de la sociedad, es una batalla que México puede y debe ganar.
