MÉXICO.- Durante su Sexto Informe de Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó una pregunta que resonó con fuerza entre sus simpatizantes: “¿Quieren que el pueblo elija a los jueces?” La respuesta fue clara y contundente: ¡Sí! Esta manifestación de apoyo no es un capricho, sino un reflejo del hartazgo social hacia un Poder Judicial que, en muchos casos, parece operar al margen de la ley y en favor de intereses particulares.
En un contexto donde la justicia se ve comprometida por intereses oscuros y la corrupción permea en sectores clave, la reciente iniciativa de reforma judicial presentada por el Presidente de la República es una medida imprescindible para fortalecer nuestro sistema democrático. La propuesta de que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo no solo responde a una demanda popular, sino que busca garantizar que la justicia sea impartida en beneficio de todos y no esté al servicio exclusivo de la delincuencia organizada ni de los poderosos de cuello blanco.
INTENTARON FRENAR DISCUSIÓN DE REFORMA
Es evidente que esta reforma enfrenta la resistencia de aquellos neoliberales que se benefician de prebendas. No es casualidad que, en un intento desesperado por frenar este cambio, se hayan presentado amparos en Chiapas y Morelos para detener la aprobación de la reforma judicial.
Sin embargo, más tarde, el área jurídica de la Cámara de Diputados recibió notificaciones importantes del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa.
Se trata de oficios relacionados con dos incidentes de suspensión correspondientes a los juicios de amparo 1190/2024–XVI y 1251/2024, interpuestos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos.
Con la recepción de estos documentos, se abre la posibilidad para que el Congreso de la Unión, a través de sus dos cámaras y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas estatales, puedan discutir y aprobar las reformas a la Constitución Política en materia del Poder Judicial.
Édgar López, del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa, fue el encargado de entregar personalmente estos documentos en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Sin embargo, la 4T, en voz de Ricardo Monreal, ha dejado claro que no se someterán a esta maniobra.
