MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no ha dudado en señalar y exhibir a aquellos que se oponen a la Reforma Judicial, principalmente los que se ven beneficiados por las pensiones vitalicias como Diego Valadés Ríos, quien sólo estuvo siete meses como ministro y desde hace 30 años recibe más de 200 mil pesos mensuales, alrededor de 70 millones de pesos, más lo que recibe como maestro emérito de la UNAM.
“Por eso lamento lo que sucedió en el periodo neoliberal, cómo destruyeron mi alma mater”, enfatizó el Jefe del Ejecutivo, quien envió un mensaje a los estudiantes de derecho. “Quiero referirme a los que están estudiando leyes, porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo de que es injusto, ilegal, llevar a cabo una reforma al Poder Judicial o antidemocrático. Los están engañando.
Pero quiero que sepan que ahí, en Escuela de Derecho, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas han estado personajes, que son beneficiados de exorbitantes pensiones”.
Como se recordará, Valadés Ríos, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por Carlos Salinas de Gortari, ocupó ese cargo apenas siete meses antes de que Ernesto Zedillo, en un movimiento sin precedentes, disolviera la Corte para renovar sus integrantes.
Desde entonces, Valadés ha disfrutado de una pensión vitalicia que asciende a más de 200 mil pesos mensuales, una cifra que, ajustada por aumentos anuales, sigue siendo un recordatorio de los privilegios otorgados a los ministros en retiro.
Es curioso que Diego Valadés, quien fue Procurador General de la República durante uno de los periodos más oscuros de la política mexicana, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, se erija ahora como un paladín de la independencia judicial. Durante su breve gestión como procurador, la investigación sobre el magnicidio estuvo plagada de irregularidades y decisiones cuestionables, incluyendo la captura y posterior liberación de un agente del Cisen sospechoso de haber participado en el crimen.
La hipocresía de Valadés Ríos no termina ahí. A pesar de haber sido uno de los promotores de la reforma judicial de 1994, diseñada para fortalecer al Poder Judicial, hoy se alza como uno de los críticos más vocales de cualquier intento de cambio que provenga del actual gobierno.
Su postura, disfrazada de defensa de la legalidad y la independencia, parece más bien un intento de preservar los privilegios de una élite judicial a la que él mismo pertenece.
