MÉXICO- La reciente oleada de manifestaciones y el paro indefinido de labores que han protagonizado los trabajadores del Poder Judicial no es más que una burda maniobra orquestada por magistrados y jueces, quienes, en su desesperación por conservar sus privilegios, han decidido utilizar a sus empleados como escudos humanos en una batalla que nada tiene que ver con la defensa de los derechos laborales.
A pesar de que tanto el presidente de la República, como la presidenta electa y la secretaria de Gobernación han asegurado repetidamente que las reformas propuestas no afectan los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, estos han obedecido ciegamente las órdenes de sus superiores, quienes han manipulado la situación para proteger sus propios intereses. los acusa de estar desinformados y, en consecuencia, de actuar como “paleros” de aquellos que protegen la corrupción en las altas esferas del sector judicial.
Es evidente que los trabajadores no protestan por sus propias condiciones laborales, sino que actúan bajo las directrices de un grupo de magistrados y jueces que temen perder las jugosas prebendas que han amasado durante años.
La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, advirtió que en la medida en que el paro de labores de trabajadores del Poder Judicial afecte a terceros, tendrá que haber repercusiones en contra de quienes impulsan esta suspensión de actividades.
Luego de rendir su tercer y último informe de la LXV Legislatura, la senadora de Morena expresó que los trabajadores del Poder Judicial tienen derecho a manifestarse, pero no a entorpecer los procesos de impartición de justicia.
“Tienen derecho a manifestarse, tienen derecho a expresarse, pero no tienen derecho a paralizar el trabajo de los juzgados de primera instancia de tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en la medida que se violenten derechos de terceros también deberá de haber repercusiones”, enfatizó.
¿Cuál es la realidad que estos magistrados y jueces quieren ocultar tras el manto de la supuesta defensa de los derechos laborales? Veamos los números. El salario de un ministro asciende a 792 mil 258 pesos mensuales, en el cual se incluyen: Pago de comidas, medicamentos, dos vehículos blindados, apoyo de lentes, gastos funerarios, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, apoyo de peajes ilimitado, así como gastos
de viajes al extranjero ilimitado y personal a su cargo.
De acuerdo al desglose, cada una de las elevadas prestaciones, entre las cuales destacan: Aguinaldo: 586 mil 92 pesos; prima vacacional 95 mil pesos; comidas: 723 mil 690 pesos; pago por riesgo: 640 mil pesos; vehículos: Dos blindados por valor a tres millones.
Así como el pago de medicamentos: 189 mil pesos; apoyo de lentes: tres mil 200 pesos; pago de defunción: Un millón de pesos; ayuda de gastos funerarios: 30 mil pesos; seguro de vida institucional: 12 millones de pesos; seguro de gastos médicos mayores: 30 millones de pesos.
Además de seguro de separación individualizado: del 2 al 10 por ciento de su salario; apoyo de peajes: Ilimitado; gastos de viajes al extranjero: Ilimitado y personal a su cargo: Cinco millones 540 mil pesos anuales, principalmente. Estos datos ilustran las razones por las que, se debe reformar el sistema judicial actual, señalando la necesidad de revisar estas compensaciones.
