MÉXICO.- De 2020 a enero de 2024, Carlos Loret de Mola ha recibido de LatinUs, 11 millones 927 mil 364 pesos; mientras que Víctor Trujillo, también conocido como Brozo, ha recibido 9 millones 522 mil pesos, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Esta información es parte de una investigación contra LatinUs y su propietario, Christian González Guadarrama, por presunto lavado de dinero a través de diversas entidades empresariales. Informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 20 de mayo de 2021.
Durante la conferencia de “La Mañanera”, el funcionario explicó que la UIF ha identificado tres empresas principales del consorcio LatinUs: LatinUs Media Radio SA, LatinUs Media MX Hub SA de CV, y LatinUs Media Group, registrada en Delaware, Estados Unidos.
Pablo Gómez destacó que estas empresas han recibido recursos ilegales provenientes de diversas entidades federativas y dependencias, como Nuevo León, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Estos recursos, que suman más de dos mil 437 millones de pesos entre 2019 y 2024, se han canalizado a través de empresas fachada dedicadas, supuestamente, a la prestación de servicios médicos.
El funcionario explicó que estos pagos, disfrazados como compras de medicinas y otros servicios médicos, constituyen una violación al no estar registrados como gastos de comunicación social ni publicidad. Agregó que la investigación, iniciada en mayo de 2021, está en proceso en la Fiscalía General de la República (FGR).
La UIF también denunció que LatinUs Media Group, con sede en Delaware, actúa como un canal para transferir dinero de las entidades federativas a los colaboradores de LatinUs, quienes se quedan con la mayor parte de estos fondos. Esta triangulación de dinero ha permitido identificar recursos de procedencia ilícita.
La denuncia subraya que los fondos utilizados para pagar a estos colaboradores provienen de recursos públicos destinados originalmente a servicios médicos, lo que implica una grave irregularidad y corrupción.
Esta investigación marca un esfuerzo significativo por parte del gobierno para desmantelar redes de corrupción y garantizar la transparencia en el uso de
