MÉXICO.- El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y su excolaboradora, Alejandra del Moral, podrían pisar la cárcel tras revelarse una entramada red de corrupción que permitió a ambos personajes y otros funcionarios peñistas y delmacistas un desvío de recursos de más de cinco mil millones de pesos.
Este hecho exhibido por la periodista María Teresa Montaño, le causó amenazas y peor aún, un secuestro en el año 2021, cuando tres sujetos la encañonaron y maniataron al abordar un taxi para llevarla a su domicilio y se robaron su computadora, tablet y cuadernos de notas.
Mientras, el gobierno de Alfredo del Mazo ignoró esta agresión.
Así, ante la cloaca destapada, la candidata del PRI canceló su cierre de campaña y trascendió que posiblemente, ella y miembros de su equipo de campaña habrían huído del país.
CIRCULO DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
En la investigación se detalla que los contratos más elevados en el gobierno de Alfredo del Mazo los dieron las dependencias encabezadas por Alejandra del Moral y gente de su círculo inmediato, como Eric Sevilla.
Ambos fueron titulares de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (Sedesem), quienes a través de “empresas fachada”, “Empresas Fantasma” o factureras, autorizaron millonarios contratos hasta el mes de octubre de 2022.
Ejemplo de ello fue que en el 2018, dos empresas fantasma ubicadas en Coatzacoalcos obtuvieron de la Sedesem (encabezada por Alejandra Del Moral), un contrato de 40 millones 803 mil pesos. Ese mismo año, las mismas empresas (Instituto C&A Intelligent S.C. y Fix Busines S.A. de C.V.) obtuvieron otro contrato de 259.2 millones de pesos de parte del Consejo Estatal de la Mujer, entonces encabezado por Melissa Vargas, ahora diputada y parte del equipo de campaña de la priista.
En esta red de complicidades, están involucrados Eric Sevilla, líder estatal del PRI y también es parte del equipo de Alejandra Del Moral.
Otro caso fue el de la empresa Zumby Servicios Profesionales, que recibió diversos contratos. Uno de ellos, de 2021 por 851 millones de pesos, fue firmado por parte de la empresa por Vanesa Bernal Martínez, al parecer hermana de Eduardo Bernal Martínez, operador político de Alejandra del Moral.
EMPRESAS EN OTROS ESTADOS
La investigación fue realizada por el portal independiente The Observer, dirigido por María Teresa Montaño, en alianza con la iniciativa Verificador del Servicio Público y Forbidden Stories, con apoyo de periodistas de The Guarian y OCCRP se descubrió que en múltiples casos que en los domicilios registrados no existía negocio alguno o había oficinas lujosas, pero totalmente vacías.
Asimismo, se rastrearon “al menos 40 contratos con claros indicios de malversación de recursos públicos” del presupuesto del Estado de México.
“Detrás de los convenios multimillonarios había empresas inconsistentes, sin capacidad probada, sin empleados o escaso personal; con domicilios ficticios o datos falsos que dejaron en el aire la aplicación final de más de 5 mil millones de pesos, sin contar “contratos inflados” por servicios intangibles difíciles de fiscalizar de por sí”, se destaca en la investigación.
Otro contrato muy elevado lo asignó la Secretaría de Finanzas, por 607 millones de pesos, por concepto de “asesorías asociadas a contratos”, rubro indefinido que en el 2018 lo recibió una empresa situada en Coatzacoalcos.
En 2019, C&A Intelligent S.C., ahora con domicilio en Toluca, recibió tres contratos más por 907 millones de pesos “con los mismos políticos involucrados, salvo que en esa ocasión Melissa Vargas firmó de puño y letra al menos uno de los documentos por 237 millones 880 mil pesos”.
Otra empresa contratada fue Sevacom S.A. de C.V., de Monterrey, que es una tienda de productos de limpieza a granel, escobas y trapeadores, en donde la dueña negó tener los millonarios contratos con el gobierno., sin embargo, en los registros del gobierno tenía contratos por 87 millones 821 mil pesos, por un gran número de artículos, ninguno de limpieza.
