MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, así como cinco personas más, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Además de la pareja, se trata de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas.
En un comunicado, la corporación explicó que son buscados porque “probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal”. Esto, “bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.
“En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”, aseveró.
¿Cómo operaban?
La FGR detalló que presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet.
Además, encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban, con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
Afirmó que la organización principal estaba a cargo del matrimonio Álvarez Puga-Gómez Mont, que operaba con supuestos representantes de personas morales. El resto de personas realizaba las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Servidores públicos también participaron
La Fiscalía detalló que un grupo de servidores públicos fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. En esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
“Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen”, señaló.
Informó que el apoderado de una de las empresas, Héctor “Z”, recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos.
También se encontraron dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
Por otro lado, Gabriel “M” figuró como accionista de una de las empresas investigadas. Mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas.
La FGR dijo que el caso se seguirá investigando, y que tres de los acusados ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal.
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