El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentará en la próxima sesión de la Comisión Permanente, a realizarse el 24 de julio, una iniciativa para modificar diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley de Instituciones Indebidas.
El objetivo de dicha legislación es ir contra los préstamos conocidos como “gota a gota” y proteger el patrimonio de las personas, especialmente las más pobres, ante la expansión de quienes hacen financiamientos indebidos, asociados con delitos de usura, robo, extorsión y lavado de dinero.
En el argumento de esa propuesta, se indicó que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quienes se dedican a esa práctica ofrecen préstamos “fáciles” al entregar al interesado en un día el monto solicitado, sin checar Buró de Crédito, sin aval y ni contrato, con el único requisito de tener un negocio y contar con una identificación oficial.
Esa actividad desplaza a los productos financieros formales dada la rigidez de su estructura, y lo peor es que no está tipificada como un delito, sólo se considera un modus operandi, en consecuencia, es complejo castigar a quienes lo ejecutan y es difícil para las victimas encontrar un medio de protección legal efectivo.
Sin embargo, los delitos por sí (usura, robo extorsión) ya están tipificados, por lo tanto “pretendemos meter agravantes y doblar las sanciones”.
Detalló que los préstamos se hacen principalmente a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, con un interés aparentemente bajo, pero debido a que se cobran de manera diaria o mensual, poco a poco la deuda se vuelve impagable.
Las autoridades han revelado que en la Ciudad de México la red de prestamistas “gota a gota” está integrada por casi mil 500 personas sudamericanas que llegaron como turistas y que desde 2015 han entregado tarjetas para darse a conocer en mercados y pequeños comercios.
Además, en la capital del país se ha perseguido el delito como extorsión agravada. Colombia, por otro lado, creó el delito de “cobro coactivo” y Perú elevó las sanciones para el caso de la usura.
Monreal Ávila consideró como urgente atender, desde el ámbito legislativo, ese entramado de conductas delictivas, pues vulneran la economía de los más necesitados y quebrantan la tranquilidad de los menos informados.
