Las familias de las víctimas del incendio de la guardería ABC se opondrán a que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerza acción penal en el caso del siniestro, en el que 49 menores murieron.
El asesor legal de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado Serrano, explicó en entrevista con medios que harán uso de los recursos legales para combatir la pretensión de la FGR de cerrar la averiguación previa iniciada en abril de 2013.
Refirió que en el expediente se plantea la hipótesis de la intencionalidad del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en el que 25 niñas y 24 niños perdieron la vida y 106 menores resultaron con lesiones internas y externas por el humo y el fuego.
La Fiscalía General de la República, señaló, está anunciando el cierre de la investigación con el propósito de no ejercer acción penal, lo cual significa que no va a proceder penalmente en contra de nadie y ordena su cierre.
Refirió que la legislación en la materia contempla un término de 15 días hábiles para oponerse a pretensión, por lo que harán valer las herramientas legales a su disposición para que eso no suceda, puesto que aún existen muchas pruebas y diligencias por desahogar.
Una de ellas, que es esencial para el esclarecimiento de los hechos, es que en la averiguación previa no se consigna el hecho del joven que con su vehículo abrió dos boquetes en la pared lateral de la guardería para evacuar a las y los infantes, abundó.
Aseveró que “es como si eso no hubiera ocurrido porque no se encuentra dentro de las actuaciones procesales; ese dato no está en la investigación, es como si no hubiese existido, cuando está consignado en los medios de comunicación, en videos, en las notas periodísticas y en reconocimientos al joven”.
En la averiguación previa que se inició en 2013 para comprobar la intencionalidad del incendio en la guardería ABC, existe una prueba aprobada y la diligencia se ordenó, pero no se ha desahogado.
Alvarado Serrano recordó que en 2016 se abrió una carpeta de investigación que contempla la responsabilidad del exgobernador Eduardo Bours Castelo y el exprocurador, Abel Murrieta Gutiérrez, el cual correría el mismo riesgo que la mencionada indagatoria.
Añadió que “sentimos que este nuevo gobierno, que ha sido muy negativo para la comunidad afectada por la guardería ABC, pretende hacer lo mismo; no vemos que pueda existir una diferencia al respecto”.
