La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir con el mandato de respetar la Constitución y sus leyes y se retracte del memorándum en materia educativa enviado el viernes, a fin de anteponer el interés superior de la niñez y juventud del país.
En un posicionamiento de seis puntos, el organismo defensor aseveró que la educación es un derecho humano fundamental reconocido tanto por la Constitución como por diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo que es obligación del Estado mexicano hacer efectivo ese derecho y garantizar educación de calidad sostenible.
Aseveró que más allá de coyunturas políticas o diferendos ideológicos, es preciso que el Estado cumpla con su obligación y proteja efectivamente ese derecho, dando certidumbre sobre los términos y las condiciones en que se hará vigente y podrá ser exigible.
Ello, enfatizó, dado que “son las niñas, niños y adolescentes los principales beneficiarios del mismo, por lo que cualquier acción que se emprenda en este ámbito, también debe tomar como premisa de ponderación, la defensa del interés superior que les asiste”.
La instrucción dada en el sentido de dejar de aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución y las normas, modifica y acota los términos y condiciones en que el derecho a la educación puede ser vigente.
Esa situación genera el riesgo de vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de que las autoridades actuarían al margen o fuera de las normas, dejando sin efecto garantías institucionales y propiciando actuaciones discrecionales.
Advirtió que nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que las instancias de poder ordenen que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar, pues los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política.
La CNDH exhortó al Poder Ejecutivo federal para que “en cumplimiento a la protesta que hizo al asumir el cargo, así como a las obligaciones constitucionales inherentes al mismo, rectifique las instrucciones que ha girado y considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, emprenda las acciones conducentes, en el marco de la ley, para hacer vigente y garantizar debidamente el que el derecho a la educación sea una realidad en el país”.
En caso de que el marco normativo vigente en materia educativa no resultara adecuado, corresponde al Poder revisor de la Constitución o en su caso al Poder Legislativo efectuar las adecuaciones conducentes, asumiendo como premisa básica de actuación la vigencia efectiva de tal derecho y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
“Del mismo modo, existen instancias encargadas de la administración e impartición de justicia, a las cuales corresponderá decidir, en definitiva, sobre la legalidad y justicia de normas, hechos y casos que se pongan a su conocimiento. La ley, la educación y la vigencia de los demás derechos humanos, no puede ser botín o moneda de cambio ante intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole”.
