La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el proceso de entrega de mil 875 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad a Municipios y Estados (Fortaseg) a 190 de 311 beneficiarios, que no cumplieron con la totalidad de los requisitos para recibir el recurso, además de que destinaron fondos para áreas que no son favorecidas con el subsidio
Por ello, emplazó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública iniciar 11 investigaciones para aplicar responsabilidades administrativas sancionatorias contra funcionarios públicos.
Sólo 121 de 311 beneficiarios cumplieron con los requisitos solicitados y el resto no entregó la documentación completa establecida en la normativa, además no contaron con previsiones necesarias; sin embargo, se validó su acceso a los recursos del Fortaseg, señala la auditoría financiera y de cumplimiento con folio 16-504W00-02-0026 que forma parte del segundo informe parcial correspondiente a la Cuenta Pública 2016 que entregó la Auditoría a la Cámara de Diputados.
Por ello, el órgano fiscalizador entregó un documento adjunto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde detalló las inconsistencias por las que se pide iniciar 11 procedimientos administrativos sancionatorios, además de 13 observaciones y dos recomendaciones.
La auditoría destaca que a pesar de que se encontraron fortalezas en la gestión para otorgar recursos del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales, del entonces, Distrito Federal y en su caso a las entidades que ejercen de manera directa o coordinada la función de seguridad pública, Fortaseg 2016 no se acreditó que “se cuente con los procedimientos formales para la investigación de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional”.
Detalla que la revisión de la documentación requerida para acceder a los recursos del programa presenta debilidades en cuanto a su alcance y pertinencia para lograr el cumplimiento de los objetivos, además de que no cuentan con esquemas de control para contar con la totalidad de los acuses de recibo de los beneficiarios del subsidio.
La auditoría constató que el Secretariado de Seguridad dispuso de recursos del Fortaseg por 78 millones 38 mil pesos, de los cuales ejerció 34 millones 899 mil pesos para ejercerlos en a nivel central en las partidas “Servicios Personales y Técnicos” y “otros gastos” que no forman parte de los beneficiarios.
Por lo anterior, también solicitó al órgano interno de control del Secretariado investigue qué servidores públicos convinieron adquisiciones que benefician a instancias de gobierno adicionales a las municipales que no son instancias beneficiarias del Fortaseg.
Al 31 de enero de 2017, de los 311 beneficiarios 54 no remitieron los comprobantes de reintegro de los recursos no ejercidos, y 64 de los rendimientos no ejercidos, entre otras.
La Auditoría señala que el Secretariado de Seguridad “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los procesos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”.
De acuerdo con la página del secretariado, municipios de las 32 entidades del país fueron beneficiados por con recursos del Fortaseg; en el Estado de México 45, CdMx 16, Guanajuato 20, Veracruz 20, Tabasco 14, Tamaulipas 10, Puebla 12, Morelos 11 e Hidalgo 10, entre los que tienen mayor número de alcaldías con acceso al recurso.
El Fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos.
De acuerdo con el Secretariado, los recursos se destinan a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de los temas de seguridad.
Con este recurso se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública, entre otros.
Con información de Milenio
