La Fiscalía acepta sustituir por una multa de 510 mil euros la condena de 21 meses de cárcel que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista Lionel Messi por defraudar 4.1 millones de euros y tampoco se opone a que se le suspenda la entrada en prisión, por carecer de antecedentes.
Según informaron fuentes jurídicas, la Fiscalía se mostró favorable a la suspensión de la pena de prisión de Messi y su padre en un escrito que presentó ayer ante la sección octava de la Audiencia de Barcelona, que los condenó a 21 y 15 meses de cárcel, respectivamente, por un fraude fiscal de 4.1 millones en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009.
Después de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara el pasado mes de mayo la condena por fraude fiscal al futbolista, la Audiencia de Barcelona debe ahora ejecutar la sentencia y decidir si sustituye la pena de prisión por una multa o, alternativamente, si se le suspende la entrada en la cárcel teniendo en cuenta que Messi carece de antecedentes penales y no ha sido condenado a más de dos años.
La defensa de Messi y su padre solicitó a la Audiencia que le sustituya la pena de cárcel por una multa o, subsidiariamente, que se le suspenda la entrada en prisión, siempre que el futbolista no vuelva a delinquir durante el tiempo de condena.
En su escrito dirigido a la Audiencia, el fiscal apoya como primera opción que la pena de cárcel de Messi y su padre sea sustituida por multa, siempre que se les imponga la cuota máxima, que es de 400 euros diarios, lo que suma cerca de 510 mil euros.
Alternativamente, en el caso de que la sala rechace la sustitución de los meses de cárcel por una multa, la Fiscalía manifestó que no se opone a que se les suspenda la entrada en prisión, por un periodo de tres años en que no podrían volver a ser condenados a riesgo de entrar en la cárcel para cumplir ambas penas.
El ministerio público acepta suspender la pena del futbolista y su padre, teniendo en cuenta que son "delincuentes primarios", que carecen de antecedentes penales, y que ambos aceptaron devolver a Hacienda los 4.1 millones de euros defraudados, por lo que no quedan cantidades pendientes de pago en concepto de responsabilidad civil.
